¡A comprar voluntades!, que no hay Ley de Publicidad


La Ley de Publicidad Institucional de 1996, emanada desde la oposición de una Asamblea de Extremadura "consciente de que la adjudicación de la publicidad procedente de la Administración de la Comunidad Autónoma no debe alterar ni la referida libre competencia, ni afectar al principio de igualdad de los poderes públicos respecto de los ámbitos de los medios de comunicación social", según su preámbulo, fue derogada, cuando volvió la mayoría absoluta del PSOE, por la Ley de Presupuestos para 2004, con los votos en contra de PP e IU. Como ocurrió con más leyes gracias a dos tránsfugas que se vieron más calentitos en el PSOE.
Se continuaba en esa exposición de motivos con intenciones que tanto molestaban al PSOE como establecer "las reglas mínimas que permitan la no utilización de la publicidad como mecanismo o elemento de discriminación entre medios desde el sector público, así como facilitar la gestión del derecho y obligación de información al ciudadano. Por último, la presente Ley se dota de los mecanismos jurídicos adecuados para sancionar o evitar el uso incorrecto de la publicidad en contra de la libertad, como derecho constitucional que en base al pluralismo informativo encuentra en los medios de comunicación social su máxima expresión y garantía".
Finiquitada por el rodillo socialista la obligación de dar cuenta trimestral al Parlamento regional de sus gastos en publicidad, se llegó en 2011 a extremos que había que parar: 186.700 euros diarios en gastos de publicidad y propaganda en los medios de comunicación extremeños. En 2007, eran 46.800 euros al día, y el primer año completo de Vara ya se saldó con una cifra ejecutada de 71.871 euros cada 24 horas.
Vuelto el PSOE al gobierno regional, la transparencia que aclare el gasto en publicidad no va a venir de quienes siguen financiando a los medios de comunicación y ocultan el importe de ayudas que sirven para camuflar la influencia en los periodistas. La portavoz de Administración Pública del Grupo Popular, Eva Pérez, ha denunciado los 8 meses de espera de una respuesta a tres cuestiones: "cuál es el gasto de la Junta en publicidad institucional, qué empresas han resultado adjudicatarias y cuáles han sido los criterios de este proceso".