¿Qué regeneración democrática pide el PSOE?


Sólo tras ser obligadas por la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de 28 de enero del 2011, los condenadas por delitos contra la administración pública y aún ediles en Plasencia Elia Blanco, Mónica García y Francisco Barbancho se supone que entregarán sus actas de concejal.
Estanislao Martín, abogado de Mónica García, ambos cargos de los regionalistas extremeños (compañeros del PSOE en las últimas listas a elecciones municipales), se extrañó por la condena y espera "tener más suerte" en el recurso a la Audiencia Provincial, que podría permitir eludir la cárcel por ahora.
La portavoz del PP de Extremadura, Francisca Rosa, dijo que el expresidente Fernández Vara debe asumir las responsabilidades políticas del caso: "primero dijo que actuaría cuando fueran imputados, después que lo haría cuando hubiera sentencia, ahora que cuando sean condenados".
Además de los 250.000 euros que les "robaron a los ciudadanos de Plasencia" y cuya devolución reclama Rosa, recuérdese que la, a la sazón alcaldesa placentina, Elia Mª Blanco, y su cohorte de nueve encausados en el "caso Plasencia" querían recurrir a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que sus conciudadanos pagaban.
Por su parte, el expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, utilizó los recursos públicos para una demanda civil contra su sucesor en el gobierno regional, José Antonio Monago, por haberle acusado de coaccionar a una empleada pública para que no formara parte de una lista electoral popular. Fernández Vara dijo interponerla para que sus hijos "sepan que su padre esas cosas no las hace, ni las ha hecho, ni las hará nunca". ¿Y le daba igual que sus hijos supieran que su padre utiliza el dinero de todos los extremeños para impartirles lecciones?
Eran días, abril de 2011, en que Vara informaba de que Monago "se fue de crucero durante un pleno del Senado" y éste decía que aquél había "faltado a algún pleno de la Asamblea por presenciar un partido de fútbol".
Hay más precedentes de Repago judicial en Extremadura. Para asuntos que sí concernían a lo público (defensa en juicios y contenciosos laborales, y consultas e informes, incluso sobre datos que se negaban al Consejo de Administración), la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) recurría habitualmente a servicios jurídicos externos, en lugar de utilizar los propios, a los que precisamente pertenecía como Director Jurídico Pablo Antonio Sánchez del Mazo, condenado en Plasencia a ocho años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación y otro ejemplo de ascenso a dedo desde concejalía local a puesto político en la Junta socialista bien remunerado (2.800 euros mensuales) . Cuando era delegado de Hacienda, decía desconocer cómo se habían realizado adjudicaciones y fraccionamiento de facturas en cantidades menores a 12.000 euros para evitar su salida a concurso, pese a afirmar que es precisa "una conformidad por parte de la Concejalía de Hacienda [...] y en cualquier caso, el último paso lo da la alcaldesa, que valida todo el procedimiento". Al parecer su intervención consistía en un conforme o visto bueno y que no tenía que fiscalizar nada, en virtud del principio de buena fe y confianza en los servicios técnicos.
Por estudios y trabajos técnicos, no sólo del sector jurídico, encargados a empresas privadas, la Junta socialista pagaba 462.000 euros al día. Según se denunció entonces, el presupuesto para 2011 traía casi 132 millones de euros por este concepto. Los gastos jurídicos de la Junta eran de 71 millones al año.
¿Fueron mejor invertidos que los que se venían destinando a los servicios jurídicos públicos de Mérida? Al decir de Begoña Saussol, entonces concejala de Festejos (año 2006), éstos aconsejaron no personarse como acusación particular a un Ayuntamiento burlado por el promotor Agustín Tarazona, que sin disponer de contrato con Joaquín Sabina, hizo aparecer al consistorio como colaborador del concierto fotografiándose con la concejala popular, y dejó sin devolver el importe de las entradas a miles de personas.